Constitución Primera República Española por Paya Frank - muestra HTML

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CONSTITUCIÓN

FEDERAL DE LA

1º REPÚBLICA

ESPAÑOLA

(17 de julio de 1873)

LA NACIÓN ESPAÑOLA, reunida en

Cortes Constituyentes, deseando asegurar

la libertad, cumplir la justicia y realizar el fin humano a que está llamada en la

civilización, decreta y sanciona el

siguiente Código fundamental:

Índice

TÍTULO PRELIMINAR: LOS

DERECHOS NATURALES DE LA

PERSONA HUMANA

TÍTULO I: DE LA NACIÓN ESPAÑOLA

TÍTULO II DE LOS ESPAÑOLES Y SUS

DERECHOS

TÍTULO III: De los poderes públicos

TÍTULO IV[: División de poderes]*

TÍTULO V: De las facultades

correspondientes a los Poderes públicos

de la Federación

TÍTULO VI: DEL PODER

LEGISLATIVO

TÍTULO VII: DE LA CELEBRACIÓN Y

FACULTADES DE LAS CORTES

TÍTULO VIII: FACULTADES

ESPECIALES DEL SENADO

TÍTULO IX: DEL PODER EJECUTIVO

TÍTULO X: DEL PODER JUDICIAL

TÍTULO XI: DEL PODER DE

RELACIÓN, O SEA, PRESIDENCIAL

TÍTULO XII: DE LA ELECCIÓN DEL

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE

LA REPÚBLICA

TÍTULO XIII: DE LOS ESTADOS

TÍTULO XIV: DE LOS MUNICIPIOS

TÍTULO XV: DE LA FUERZA PÚBLICA

TÍTULO XVI: DE LA RESERVA

NACIONAL

TÍTULO XVII: DE LA REFORMA DE

LA CONSTITUCIÓN

TÍTULO PRELIMINAR

Toda persona encuentra asegurados en la

República, sin que ningún poder tenga

facultades para cohibirlos, ni ley ninguna

autoridad para mermarlos, todos los

derechos naturales.

1º. El derecho a la vida, y a la seguridad,

y a la dignidad de la vida.

2º. El derecho al libre ejercicio de su

pensamiento y a la libre expresión de su

conciencia.

3º. El derecho a la difusión de sus ideas

por medio de la enseñanza.

4º El derecho de reunión y de asociación

pacíficas.

5º. La libertad del trabajo, de la industria, del comercio interior, del crédito.

6º. El derecho de propiedad, sin facultad

de vinculación ni amortización.

7º. La igualdad ante la ley.

8º. El derecho a ser jurado y a ser juzgado

por los Jurados: el derecho a la defensa

libérrima en juicio; el derecho, en caso de

caer en culpa o delito, a la corrección y a

la purificación por medio de la pena.

Estos derechos son anteriores y

superiores a toda legislación positiva.

TÍTULO I

DE LA NACIÓN ESPAÑOLA

Art. 1º. Componen la Nación española los

Estados de Andalucía Alta, Andalucía

Baja, Aragón, Asturias, Baleares,

Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la

Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura,

Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico,

Valencia, Regiones Vascongadas.

Los Estados podrán conservar las actuales

provincias o modificarlas, según sus

necesidades territoriales.

Art. 2º. Las islas Filipinas, de Fernando

Poo, Annobón, Corisco, y los

establecimientos de África, componen

territorios que, a medida de sus

progresos, se elevarán a Estados por los

poderes públicos.

TÍTULO II

DE LOS ESPAÑOLES Y SUS

DERECHOS

Art. 3º. Son españoles:

1º. Todas las personas nacidas en

territorio español.

2º. Los hijos de padre o madre españoles,

aunque hayan nacido fuera de España.

3º. Los extranjeros que hayan obtenido

carta de naturaleza.

4º. Los que, sin ella, hayan ganado

vecindad en cualquier pueblo del

territorio español.

La calidad de español se adquiere, se

conserva y se pierde con arreglo a lo que

determinen las leyes.

Art. 4º. Ningún español ni extranjero

podrá ser detenido ni preso sino por causa

de delito.

Art. 5º. Todo detenido será puesto en

libertad o entregado a la autoridad

judicial dentro de las veinticuatro horas

siguientes al acto de la detención.

Toda detención se dejará sin efecto o

elevará a prisión dentro de las setenta y

dos horas de haber sido entregado el

detenido al juez competente. La

providencia que se dictare se notificará al

interesado dentro del mismo plazo.

Art. 6º. Ningún español podrá ser preso

sino en virtud de mandamiento de Juez

competente. El auto por el cual se haya

dictado el mandamiento se ratificará o

repondrá, oído el presunto reo, dentro de

las setenta y dos horas siguientes al acto

de la prisión.

Art. 7º. Nadie podrá entrar en el

domicilio de un español o extranjero

residente en España sin su

consentimiento, excepto en los casos

urgentes de incendio, inundación u otro

peligro análogo o de agresión procedente

de adentro, o para auxiliar a persona que

necesite socorro, o para ocupar

militarmente el edificio cuando lo exija la

defensa del orden público. Fuera de estos

casos, la entrada en el domicilio de un

español o extranjero residente en España,

y el registro de sus papeles o efectos, sólo podrá decretarse por Juez competente. El

registro de papeles y efectos tendrá

siempre lugar a presencia del interesado o

de un individuo de su familia, y en su

defecto de dos testigos vecinos del mismo

pueblo. Sin embargo, cuando un

delincuente hallado in fraganti y

perseguido por la autoridad o sus agentes

se refugiare en su domicilio podrán éstos

penetrar en él sólo para el acto de la

aprehensión. Si se refugiare en domicilio

ajeno, precederá requerimiento al dueño

de éste.

Art. 8º. Ningún español podrá ser

compelido a mudar de domicilio o

residencia sino en virtud de sentencia

ejecutoria.

Art. 9º. En ningún caso podrá detenerse ni

abrirse por la autoridad gubernativa la

correspondencia confiada al correo, ni

tampoco detenerse la telegráfica.

Pero en virtud de auto de Juez competente

podrán detenerse una y otra

correspondencia, y también abrirse en

presencia del procesado la que se le

dirija por el correo.

Art. 10º. Todo auto de prisión, de registro

de morada o de detención de la

correspondencia escrita o telegráfica, será

motivado.

Cuando el auto carezca de este requisito,

o cuando los motivos en que se haya

fundado se declaren en juicio ilegítimos o

notoriamente insuficientes, la persona que

hubiera sido presa, o cuya prisión no se

hubiese ratificado dentro del plazo

señalado en el artículo 65 o cuyo

domicilio hubiese sido allanado, o cuya

correspondencia hubiese sido detenida,

tendrá derecho a reclamar del Juez que

haya dictado el auto una indemnización

proporcionada al daño causado, pero

nunca inferior a 500 ptas.

Los agentes de la autoridad pública

estarán asimismo sujetos a la

indemnización que regule el juez cuando

reciban en prisión a cualquiera persona

sin mandamiento en que se inserte el auto

motivado, o cuando la retengan sin que

dicho auto haya sido ratificado dentro del

término legal.

Art. 11º. La autoridad gubernativa que

infrinja lo prescrito en los artículos

5º,6º,7º y 8º incurrirá, según los casos, en delito de detención arbitraria o de

allanamiento de morada, y quedará

además sujeta a la indemnización

prescrita en el párrafo segundo del

artículo anterior.

Art. 12º. Tendrá asimismo derecho a

indemnización, regulada por el Juez, todo

detenido que dentro del término señalado

en el artículo 5º no haya sido entregado a

la autoridad judicial.

Si el Juez, dentro del término prescrito en

dicho artículo, no elevare a prisión la

detención, estará obligado para con el

detenido a la indemnización que establece

el artículo 10.

Art. 13º. Ningún español podrá ser

procesado ni sentenciado sino por el Juez

o Tribunal a quien, en virtud de hechos

anteriores al delito, competa el

conocimiento y en la forma que éstas

prescriban.

No podrán crearse tribunales

extraordinarios ni comisiones especiales

para conocer de ningún delito.

Art. 14º. Toda persona detenida o presa

sin las formalidades legales o fuera de los

casos previstos en esta Constitución será

puesta en libertad a petición suya o de

cualquier español.

La ley determinará la forma de proceder

sumariamente en este casi, así como las

penas en que haya de incurrir el que

ordenare, ejecutare o hiciere ejecutar la

detención o prisión ilegal.

Art. 15º. Nadie podrá ser privado

temporal o perpetuamente de sus bienes y

derechos, ni turbado en la posesión de

ellos, sino en virtud de auto o sentencia

judicial.

Los funcionarios públicos que bajo

cualquier pretexto infrinjan esta

prescripción serán personalmente

responsables del daño causado.

Quedan exceptuados de ella los casos de

incendio en inundación u otros urgentes

análogos en que por la ocupación se haya

de excusar un peligro al propietario o

poseedor, o evitar o atenuar el mal que se

temiere o hubiere sobrevenido.

Art. 16º. Nadie podrá ser expropiado de

sus bienes sino por causa de utilidad

común y en virtud de mandamiento

judicial, que no se ejecutará sin previa

indemnización, regulada por el Juez con

intervención del interesado.

Art. 17º. Nadie está obligado a pagar

contribución que no haya sido votada por

las Cortes o por las corporaciones

populares legalmente autorizadas para

imponerla, y cuya cobranza no se haga en

la forma prescrita por la ley.

Todo funcionario público que intente o

exija el pago de una contribución sin los

requisitos prescritos en este artículo

incurrirá en el delito de exacción ilegal.

Art. 18º. Ningún español que se halle en

el pleno goce de sus derechos civiles

podrá ser privado del derecho de votar en

las elecciones.

Art. 19º. Tampoco podrá ser privado

ningún español:

Del derecho de emitir libremente sus

ideas y opiniones, ya de palabra, ya por

escrito, valiéndose de la imprenta o de

otro procedimiento semejante.

Del derecho de reunirse y asociarse

pacíficamente para todos los fines de la

vida humana que no sean contrarios a la

moral pública.

Del derecho de dirigir peticiones,

individual o colectivamente, a las Cortes

y a las demás autoridades de la

República.

Art. 20º. El derecho de petición no podrá

ejercerse colectivamente por ninguna

clase de fuerza armada.

Tampoco podrán ejercerlo

individualmente los que formen parte de

una fuerza armada sino con arreglo a las

leyes de su instituto en cuanto tenga

relación con éste.

Art. 21º. No se establecerá, ni por las

leyes ni por las autoridades, disposición

alguna preventiva que se refiera al

ejercicio de los derechos definidos en

este título.

Tampoco podrán establecerse la censura,

el depósito ni el editor responsable para

los periódicos.

Art. 22º. Los delitos que se cometan con

ocasión del ejercicio de los derechos

expresados en este título serán penados

por los tribunales con arreglo a las leyes

comunes y deberán ser denunciados por

las autoridades gubernativas, sin perjuicio

de los que procedan de oficio o en virtud

de la acción pública o fiscal.

Art. 23º. Las autoridades municipales

pueden prohibir los espectáculos que

ofendan al decoro, a las costumbres y a la

decencia pública.

Art. 24º. Las reuniones al aire libre y las

manifestaciones serán de día y nunca han

de obstruir la vía pública ni celebrarse

alrededor de los Ayuntamientos, Cortes

de Estado o Cortes de la Federación.

Art. 25º. Nadie impedirá, suspenderá ni

disolverá ninguna asociación, cuyos

estatutos sean conocidos oficialmente, y

cuyos individuos no contraigan

obligaciones clandestinas.

Art. 26º. Todo español podrá fundar y

mantener establecimientos de instrucción

o de educación, sin previa licencia, salvo

la inspección de la autoridad competente

por razones de higiene y moralidad.

Art. 27º. Todo extranjero podrá

establecerse libremente en territorio

español, ejercer en él su industria o

dedicarse a cualquier profesión para cuyo

desempeño no exijan las leyes títulos de

aptitud expedidos por las autoridades

españolas.

Art. 28º. A ningún español que esté en el

pleno goce de sus derechos civiles podrá

impedirse salir libremente del territorio ni trasladar su residencia y haberes a país

extranjero, salvas las obligaciones de

contribuir al servicio militar o al

mantenimiento de las cargas públicas.

Art. 29º. Todos los españoles son

admisibles a los empleos y cargos

públicos, según su mérito y capacidad

probada.

El extranjero que no estuviere

naturalizado no podrá ejercer en España

el sufragio ni cargo alguno que tenga aneja

autoridad o jurisdicción.

Art. 30º. Todo español está obligado a

defender la Patria con las armas, cuando

sea llamado por ley, y a contribuir a los

gastos del Estado en proporción de sus

haberes.

Art. 31º. La enumeración de los derechos

expresados en este título no implica la

prohibición de cualquier otro no

declarado expresamente.

Art. 32º. No será necesaria la previa

autorización para procesar ante los

Tribunales a los funcionarios públicos,

cualquiera que sea el delito que

cometieren.

El mandato del superior no eximirá de

responsabilidad en los casos de

infracción manifiesta, clara y terminante,

de una prescripción constitucional.

En los demás sólo eximirá a los agentes

que no ejerzan autoridad.

Art. 33º. Cuando el Poder legislativo

declare un territorio en estado de guerra

civil o extranjera regirán allí las leyes

militares.

En ningún caso podrá establecerse otra

penalidad que la prescrita previamente

por la ley.

Art. 34º. El ejercicio de todos los cultos

es libre en España.

Art. 35º. Queda separada la Iglesia del

Estado.

Art. 36º. Queda prohibido a la nación o al

Estado federal, a los Estados regionales y

a los Municipios subvencionar directa ni

indirectamente ningún culto.

Art. 37º. Las actas de nacimiento, de

matrimonio y defunción serán registradas

siempre por las autoridades civiles.

Art. 38º. Quedan abolidos los títulos de

nobleza.

TÍTULO III

De los poderes públicos

Art. 39º. La forma de gobierno de la

Nación española es la República federal.

Art. 40º. En la organización política de la

Nación española todo lo individual es de

la pura competencia del individuo; todo lo

municipal es del Municipio; todo lo

regional es del Estado, y todo lo nacional

es de la Federación.

Art. 41. Todos los poderes son electivos,

amovibles y responsables.

Art. 42º. La soberanía reside en todos los

ciudadanos, y se ejerce en representación

suya por los organismos políticos de la

República constituida por medio des

sufragio universal.

Art. 43º. Estos organismos son:

-- El Municipio.

-- El Estado regional.

-- El Estado federal o Nación.

La soberanía de cada organismo reconoce

por límites los derechos de la

personalidad humana. Además, el

Municipio reconoce los derechos del

Estado, y el Estado los derechos de la

Federación.

Art. 44º. En África y en Asia posee la

República española territorios en que no

se han desarrollado todavía suficiente los

organismos políticos y, por tanto, se

regirán por leyes especiales, destinadas a

implantar allí los derechos naturales del

hombre y procurar una educación humana

y progresiva.

TÍTULO IV

Art. 45º. El poder de la Federación se

divide en Poder legislativo, Poder

ejecutivo, Poder judicial y Poder de

relación entre estos Poderes.

Art. 46º. El Poder legislativo será

ejercido exclusivamente por las Cortes.

Art. 47º. El Poder ejecutivo será ejercido

por los ministros.

Art. 48º. El Poder judicial será ejercido

por Jurados y Jueces, cuyo nombramiento

no dependerá jamás de los otros Poderes

públicos.

Art. 49º. El Poder de relación será

ejercido por el Presidente de la

República.

TÍTULO V

De las facultades correspondientes a los

Poderes públicos de la Federación

[Art. sin enumerar].

1ª. Relaciones exteriores.

2ª. Tratados de paz y de comercio.

3ª. Declaración de guerra exterior, que

será siempre objeto de una ley.

4ª Arreglo de las cuestiones territoriales y de las competentes entre los Estados.

5ª. Conservación de la unidad y de la

integridad nacional.

6ª. Fuerzas de mar y tierra y

nombramiento de todos sus jefes.

7ª. Correos.

8ª. Telégrafos.

9ª. Ferrocarriles, caminos generales,

medios oficiales de comunicación

marítima y terrestre y obras públicas de

interés nacional.

10. Deuda nacional.

11. Empréstitos nacionales.

12. Contribuciones y rentas que sean

necesarios para el mantenimiento de los

servicios federales.

13. Gobierno de los territorios y colonias.

14. Envío de delegados a los Estados para

la percepción de los tributos y el mando

de las fuerzas militares encargadas de

velar por el cumplimiento de las leyes

federales.

15. Códigos generales.

16. Unidad de moneda, pesos y medidas.

17. Aduanas y aranceles.

18. Sanidad, iluminación de las costas,

navegación.

19. Montes y minas, canales generales de

riego.

20. Establecimiento de una universidad

federal y de cuatro escuelas normales

superiores de agricultura, artes y oficios

en los cuatro puntos de la Federación que

se determinen por una ley.

21. Los bienes y derechos de la Nación.

22. Conservación del orden público y

declaración de estado de guerra civil.

23. Restablecimiento de la ley por medio

de la fuerza y cuando un motín o una

sublevación comprometan los intereses y

derechos generales de la sociedad en

cualquier punto de la Federación.

TÍTULO VI

DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 50º. Las Cortes se compondrán de

dos Cuerpos: Congreso y Senado.

Art. 51º. El Congreso se compondrá de

diputados, debiendo haber uno por cada

50.000 almas, y siendo todos elegidos por

sufragio universal directo.

Art. 52º. Los senadores serán elegidos

por las Cortes de sus respectivos Estados,

que enviarán cuatro por cada Estado, sea

cualquiera su importancia y el número de

sus habitantes.

Art. 53º. Las Cortes se renovarán en su

totalidad cada dos años.

TÍTULO VII

DE LA CELEBRACIÓN Y

FACULTADES DE LAS CORTES

Art. 54º. Las Cortes se reúnen todos los

años.

Art. 55º. Las Cortes celebrarán dos

legislaturas anuales, que durarán, por lo

menos, entre ambas, cuatro meses.

Las Cortes comenzarán su primera

legislatura todos los años el 15 de marzo,

y su segunda el 15 de octubre.

Los diputados y senadores serán

renovados en su totalidad cada dos años.

Art. 56º. Cada uno de los Cuerpos

Colegisladores tendrán las facultades

siguientes:

1ª. Formar el respectivo reglamento para

su gobierno interior.

2ª. Examinar la legalidad de la aptitud de

los individuos que la compongan.

3ª. Nombrar, al constituirse, su

Presidente, Vicepresidentes y Secretarios.

Art. 57º. No podrá estar reunido uno de

los Cuerpos Colegisladores sin que lo

esté también el otro.

Art. 58º. Los Cuerpos Colegisladores no

pueden deliberar juntos, ni reunirse sino

en el caso o casos que taxativamente

expresa esta Constitución.

Art. 59º. Las sesiones del Congreso y del

Senado serán públicas, excepto en los

casos que necesariamente exijan reserva.

Art. 60º. Todas las leyes serán

presentadas al Congreso por iniciativa de

éste, o por iniciativa del Poder ejecutivo.

Art. 61º. Las resoluciones de las Cortes

se tomarán a pluralidad de votos.

Para votar las leyes se requiere, en cada

uno de los Cuerpos Colegisladores, la

presencia de la mitad más uno del número

total de individuos que tengan aprobadas

sus actas.

Art. 62º. Las Cortes podrán tomar

medidas que obliguen a los diputados y

senadores a asistir a sus sesiones.

Art. 63º. El cargo de diputado y senador

es incompatible con todo cargo público ya

sea honorífico ya retribuido.

Art. 64º. Los diputados y senadores

recibirán una indemnización que será

fijada por las leyes.

Art. 65º. Los ministros no podrán ser

diputados ni senadores, ni asistir a las

sesiones sino por un mandato especial de

las Cámaras.

Art. 66º. El Congreso tiene el derecho de

acusar ante el Senado al Presidente y a los

ministros; el Senado tiene derecho a

declarar que ha lugar o no a la formación

de causa, y el Tribunal Supremo a

juzgarlos y sentenciarlos.

Art. 67º. Los senadores y los diputados,

desde el momento de su elección, no

podrán ser procesados ni detenidos

cuando estén abiertas las Cortes, sin

permiso del respectivo Cuerpo

Colegislador, a no ser hallado in fraganti.

Así en este caso como en el de ser

procesados o arrestados mientras

estuviesen cerradas las Cortes se dará

cuenta al Cuerpo a que pertenezcan, tan

luego como se reúnan, las cuales

decidirán lo que juzguen conveniente.

Cuando se hubiere dictado sentencia

contra un senador o diputado en proceso

seguido sin el permiso a que se refiere el

párrafo anterior, la sentencia no podrá

llevarse a efecto hasta que autorice su

ejecución el Cuerpo a que pertenezca el

procesado.

Art. 68º. Los senadores y diputados son

inviolables por las opiniones y votos que

emitan en el ejercicio de su cargo.

Art. 69º. Para ser diputado se exige el

carácter de ciudadano español y tener 25

años de edad; para ser senador el carácter

de ciudadano español y cuarenta años de

edad.

TÍTULO VIII

FACULTADES ESPECIALES DEL

SENADO

Art. 70º. El Senado no tiene la iniciativa

de las leyes.

Corresponde al Senado exclusivamente

examinar si las leyes del Congreso

desconocen los derechos de la

personalidad humana, o los poderes de

los organismos políticos o las facultades

de la Federación, o el Código

fundamental. Si el Senado, después de

madura deliberación, declara que no, la

ley se promulgará en toda la Nación.

Cuando el Senado declare que hay lesión

de algún derecho o de algún poder, o de

algún artículo constitucional, se nombrará

una Comisión mixta que someterá su

parecer al Congreso. Si después de

examinada de nuevo la ley, el Senado

persiste en su acuerdo, se suspenderá la

promulgación por aquel año.

Si al año siguiente reproduce el Congreso

la ley, se remitirá al Poder ejecutivo para

su promulgación; pero si éste hiciera

objeciones al Congreso se volverá la ley

al Senado y si el Senado insiste

nuevamente se suspenderá también la

promulgación.

Por último, si al tercer año se reproduce

la ley, se promulgará en el acto por el

Presidente y será ley en toda la

Federación.

Sin embargo, al Poder judicial,

representado por el Tribunal Supremo de

la Federación, le queda la facultad

siempre de declarar en su aplicación si la

ley es o no constitucional.

TÍTULO IX

DEL PODER EJECUTIVO

Art. 71º. El Poder ejecutivo será ejercido

por el Consejo de Ministros, bajo la

dirección de un Presidente, el cual será

nombrado por el Presidente de la

República.

Art. 72º. Al poder ejecutivo compete:

1º. Disponer del ejército de mar y tierra

para seguridad interior y defensa exterior

de la Federación.

2º. Disponer el empleo de las reservas,

siempre que sean llamadas por una ley.

3º. Nombrar los empleados públicos de la

Federación.

4º. Distribuir los ingresos y hacer los

gastos con arreglo a las leyes.

5º. Emplear todos los medios legítimos

para que se cumpla y se respete la ley.

6º. Facilitar al Poder judicial el ejercicio expedito de sus funciones.

7º. Presentar a las Cortes memorias

anuales sobre el estado de la

Administración pública, y proponer a su

deliberación y sanción las leyes que le

parezcan convenientes.

8º. Enviar a cada Estado regional un

delegado con encargo expreso de vigilar

el cumplimiento de la Constitución y de

las leyes, de los decretos y reglamentos

federales; pero sin autoridad ninguna

especial dentro del Estado o del

Municipio.

9º. Dar reglamento para la ejecución de

las leyes.

TÍTULO X

DEL PODER JUDICIAL

1º. El Poder judicial no emanará ni del

Poder ejecutivo ni del Poder legislativo

2º. Queda prohibido al Poder ejecutivo,

en todos sus grados, imponer penas, ni

personales ni pecuniarias, por mínimas

que sean. Todo castigo se impondrá por el

Poder judicial.

3º. Todos los tribunales serán colegiados.

4º Se establece el Jurado para toda clase

de delitos.

En cada Municipio habrá un Tribunal

nombrado directamente por el pueblo y

encargado de entender en la corrección de

las faltas, juicios verbales y actos de

conciliación.

5º. Los jueces de los distritos serán

nombrados mediante oposición verificada

ante las Audiencias de sus respectivos

Estados.

6º. Las Audiencias se compondrán de los

jueces de distrito ascendidos a

magistrados en concurso público y

solemne.

Art. 73º. El Tribunal Supremo Federal se

compondrá de tres magistrado por cada

Estado de la Federación.

Art. 74º. El Tribunal Supremo Federal

elegirá entre sus magistrado a su

Presidente.

Art. 75º. Los jueces de los distritos, los

magistrados de las Audiencias y los

magistrados del Tribunal Supremo no

podrán ser separados sino por sentencia

judicial o por acuerdo del Tribunal

superior jerárquico.

Art. 76º. Los magistrados del Tribunal

Supremo podrán ser removidos por una

Comisión compuesta por iguales partes de

representantes del Congreso, del Senado,

del Poder ejecutivo y del mismo Tribunal

Supremo.

Art. 77º. En el caso de que el poder

legislativo dé alguna ley contraria a la

Constitución, el Tribunal Supremo en

pleno tendrá facultad de suspender los

efectos de esta ley.

Art. 78º. En los litigios entre los Estados

entenderá y decidirá el Tribunal Supremo

de la Federación.

Art. 79º. También entenderán en las

funciones jurídicas ordinarias que

determinen las leyes; en los conflictos que

se susciten sobre inteligencia de los

tratados; en los conflictos entre los

Poderes públicos de un Estado; en las

causas formadas al Presidente, a los

ministros en el ejercicio de sus cargos, en

los asuntos en que la Nación sea parte.

Art. 80º. El Tribunal Supremo dictará su

reglamento administrativo interior y

nombrará todos sus empleados

subalternos.

TÍTULO XI

DEL PODER DE RELACIÓN, O SEA,

PRESIDENCIAL

Art. 81º. El Poder de relación será

ejercido por un ciudadano mayor de

treinta años, que llevará el título de

Presidente de la República Federal, y

cuyo cargo sólo durará cuatro años, no

siendo inmediatamente reelegible.

Art. 82º. Habrá también un

Vicepresidente, encargado de reemplazar

al Presidente cuando se inhabilitare por

muerte, por larga enfermedad o por virtud

de sentencia judicial.

Al Presidente compete:

1º. Promulgar dentro de los quince días

siguiente a su aprobación definitiva las

leyes que decreten y sancionen las Cortes

declaren la promulgación urgente.

2º. Hacer, en caso de una disidencia sobre

la promulgación de las leyes entre el

Senado y el Congreso, a este último las

observaciones que juzgue necesarias.

3º. Convocar las reuniones

extraordinarias de las Cortes cuando lo

requiera así el estado de la Nación.

4º. Dirigir mensajes a los poderes

públicos recordándoles el cumplimiento

de sus deberes legales.

5º. Nombrar y separar con toda libertad al

Presidente del Poder ejecutivo.

6º. Nombrar los embajadores, ministros y

agentes diplomáticos.

7º. Recibir los embajadores, ministros y

agentes diplomáticos de las demás

naciones.

8º. Sostener las relaciones

internacionales.

9º. Conceder los indultos.

10º. Cuidar que sean garantizadas las

Constituciones particulares de los

Estados.

11º. Personificar el Poder supremo y la

suprema dignidad de la Nación; y a este

fin se le señalará por la ley sueldos y

honores, que no podrán ser alterados

durante el período de su mando.

TÍTULO XII

DE LA ELECCIÓN DEL

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA

Art. 83º. Los electores votarán en cada

Estado una Junta compuesta de doble

número de individuos del que envían al

Congreso y al Senado federales.

Art. 84º. No pueden pertenecer a esta

Junta los empleados del Gobierno federal.

Art. 85º. Reunida la Junta en la capital del Estado, procederá el nombramiento de

Presidente y Vicepresidente de la

República, inscribiendo cada nombre en

una papeleta e indicando el cargo para

que le designen.

Art. 86º. La junta electoral se reunirá

cuatro meses antes de haber expirado el

plazo de terminación de la Presidencia.

Art. 87º. Inmediatamente procederá a

designar sus candidatos y hecho el

escrutinio remitirá una lista con los

nombres de los que hayan obtenido votos

al Presidente del Congreso del Estado y

otra al Presidente del Congreso de la

Nación.

Art. 88º. El Presidente del Congreso de la

Nación abrirá las listas a presencia de

ambos Cuerpos Colegisladores reunidos.

Asociados a los secretarios, cuatro

miembros del Congreso y cuatro del

Senado, sacados a suerte, procederán

inmediatamente a hacer el escrutinio y a

anunciar el número de sufragios que

resulte en favor de cada candidato para la

Presidencia y Vicepresidencia de la

Nación. Los que reúnan en ambos casos la

mayoría absoluta de todos los votos serán

proclamados inmediatamente Presidente y

Vicepresidente.

Art. 89º. En el caso de que por dividirse

la votación no hubiere mayoría absoluta

elegirán las Cortes entre las dos personas

que hubieren obtenido mayor número de

sufragios. Si la primera mayoría hubiese

cabido más de dos personas, elegirán las

Cortes entre todas éstas. Si la primera

mayoría hubiese cabido a una sola

persona y la segunda a dos o más, elegirá

el Congreso entre todas las personas que

hayan obtenido la primera y segunda

mayorías.

Art. 90º. Esta elección se hará a

pluralidad absoluta de sufragios y por

votación nominal. Si verificada la

segunda votación no resultase mayoría, se

hará segunda vez, contrayéndose la

votación a las personas que en la primera

hubiesen obtenido mayor número de

sufragios. En caso de empate, se repetirá

la votación; y si resultase nuevo empate,

decidirá el Presidente del Congreso. No

podrá hacerse el escrutinio ni la

rectificación de estas elecciones sin que

estén presentes las tres cuartas partes del

total de los miembros de las Cortes.

Art. 91º. Las elecciones del Presidente y

Vicepresidente de la Nación deben quedar

concluidas en una sola sesión de las

Cortes, publicándose en seguida el

resultado de ésta y las actas electorales en laGaceta.

TÍTULO XIII

DE LOS ESTADOS

Art. 92º. Los Estados tienen completa

autonomía económico-administrativa y

toda la autonomía política compatible con

la existencia de la Nación.

Art. 93º. Los Estados tienen la facultad de

darse una Constitución política, que no

podrá en ningún caso contradecir a la

presente Constitución.

Art. 94º. Los Estados nombran sus

Gobiernos respectivos y sus asambleas

legislativas por sufragio universal.

Art. 95º. En la elección de los Gobiernos,

de los legisladores y de los empleados de

los Estados no podrá nunca intervenir ni

directa ni indirectamente el Poder federal.

Art. 96º. Los Estados regirán su política

propia, su industria, su hacienda, sus

obras públicas, sus caminos regionales, su

beneficencia, su instrucción y todos los

asuntos civiles y sociales que no hayan

sido por esta Constitución remitidos al

Poder federal.

Art. 97º. Los Estados podrán levantar

empréstitos y emitir deuda pública para

promover su prosperidad interior.

Art. 98º. Los Estados tendrán obligación

de conservar un Instituto de segunda

enseñanza por cada una de las actuales

provincias y la facultad de fundar las

Universidades y escuelas especiales que

estimen conveniente.

Art. 99º. Los Estados no podrán legislar

ni contra los derechos individuales, ni

contra la forma republicana, ni contra la

unidad y la integridad de la Patria, ni

contra la Constitución federal.

Art. 100º. Los Estados regularán a su

arbitrio, y bajo sus expensas, su

organización territorial.

Art. 101.º Los Estados no podrán

mantener más fuerza pública que la

necesaria para su política y seguridad

interior.

La paz general de los Estados se halla

garantizada por la Federación, y los

poderes federales podrán distribuir la

fuerza nacional a su arbitrio, sin

necesidad de pedir consentimiento alguno

a los Estados.

Los Estados no podrán jamás apelar a la

fuerza de las armas unos contra otros, y

tendrán que someter sus diferencias a la

jurisdicción del Tribunal Supremo

federal.

Cuando un Estado o parte de él se

insurreccione contra los poderes públicos

de la Nación pagará los gastos de la

guerra.

Los Estados constituirán sus Poderes con

entera libertad, pero con analogía al tipo

federal, y dividiéndolos en los tres

fundamentales de legislativo, ejecutivo y

judicial.

Art. 102º. Los Estados sujetarán sus

Constituciones respectivas al juicio y

sanción de las Cortes federales, que

examinarán si están respetados o no en

ellas los derechos de la personalidad

humana, los límites de cada Poder y los

preceptos de la Constitución federal.

Art. 103º. Los ciudadanos de cada Estado

gozarán de todos los derechos unidos al

título de ciudadano en todos los otros

Estados.

Art. 104º. Ningún nuevo Estado será

erigido o formado en la jurisdicción de

otro Estado.

Art. 105º. Ningún nuevo Estado será

formado de la reunión de dos o más

estados sin el consentimiento de las

Cortes de los Estados interesados y sin la

sanción de las Cortes federales.

TÍTULO XIV

DE LOS MUNICIPIOS

Art. 106º. Los Municipios tienen en todo

lo municipal autonomía administrativa,

económica y política.

Los Municipios nombrarán por sufragio

universal sus gobiernos o sus alcaldes,

que ejercerán el Poder ejecutivo

municipal.

Nombrarán también por sufragio universal

sus Ayuntamientos, que darán reglas sobre

los asuntos municipales.

Nombrarán por sufragio universal sus

jueces, que entenderán en las faltas y en

los juicios verbales y actos de

conciliación.

Art. 107º. Los alcaldes y Ayuntamiento

darán cuenta de sus gastos al concejo, o

común de vecinos, en la forma que ellos

mismos establezcan.

Art. 108º. Los alcaldes y Ayuntamientos

no podrán ser separados sino por

sentencia de Tribunal competente, ni

sustituido sino por sufragio universal.

Las Constituciones de los Estados

pondrán en poder de los Municipios la

administración de la justicia civil y

criminal que les competa, la policía de

orden y de seguimiento y de limpieza.

Los caminos vecinales, las calles, las

veredas, los hospitales y demás institutos

de beneficencia local.

Las rentas, los fondos, los medios de

crédito necesarios para llevar a ejecución

todos estos fines.

Las Constituciones de los Estados deben

exigir de todo Municipio:

Que sostengan escuelas de niños y de

adultos, dando la instrucción primaria

gratuita y obligatoria.

Art. 109º. Si los Ayuntamientos

repartieran desigualmente la contribución

o la exigieran a un ciudadano en

desproporción con sus haberes, habrá

derecho de alzada a las asambleas de los

Estados y de denuncia criminal ante los

Tribunales de distrito.

TÍTULO XV

DE LA FUERZA PÚBLICA

Art. 110º. Todo español se halla obligado

a servir a su Patria con las armas.

La Nación se halla obligada a mantener

ejército y armada.

Art. 111º. Por poderes federales darán la

conveniente organización a este ejército, y

lo distribuirán según lo exijan las

necesidades del servicio.

TÍTULO XVI

DE LA RESERVA NACIONAL

Art. 112º. Se establece una Reserva

Nacional forzosa.

Art. 113º. Todos los ciudadanos de 20 a

40 años pertenecen a la Reserva.

Art. 114º. todos los ciudadanos de 20 a

25 años deberán emplear un mes

anualmente en ejercicios militares; todos

los ciudadanos de 25 a 30, quince días,

todos los ciudadanos de 30 a 40, ocho.

Los jefes y oficiales de la Reserva

Nacional serán nombrados por el

Gobierno federal.

Las reservas tendrán depositadas sus

armas en los cuarteles, en los parques del

Gobierno federal, y sólo podrán armarse

por un decreto de éste y movilizarse por

una ley.

TÍTULO XVII

DE LA REFORMA DE LA

CONSTITUCIÓN

Art. 115º. Las Cortes podrán acordar la

reforma de la Constitución, señalando al

efecto el artículo o artículos que hayan de

alterarse.

Art. 116º. Hecha esta declaración, se

disolverán el Senado y el Congreso, y el

Presidente de la República convocará

nuevas Cortes que se reunirán dentro de

los tres meses siguientes.

En la convocatoria se insertará la

resolución de las Cortes, de que habla el

artículo anterior.

Art. 117º. Los Cuerpos Colegisladores

tendrán el carácter de Constituyentes tan

sólo para deliberar acerca de la reforma

continuando después con el de Cortes

ordinarias.

Palacio de las Cortes, 17 de julio de 1873

Editada y Corregida del original manuscrito

por: Paya Frank

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