Las Raíces del Genocidio: Antecedentes de la Militarización y Exterminio en Argentina, 1880-1920 por Alejandro Andreassi Cieri - muestra HTML

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LAS RAÍCES DEL GENOCIDIO: LOS ANTECEDENTES DE LA MILITARIZACIÓN

DE LA POLÍTICA Y DE UNA IDEOLOGÍA DEL EXTERMINIO EN ARGENTINA, 1880-1920*

Alejandro Andreassi Cieri

El reciente recuerdo de las atrocidades cometidas por la dictadura militar argentina, entre 1976 y 1983, motivado por las declaraciones públicas de algunos miembros de las fuerzas armadas implicados, ha devuelto al primer plano de la actualidad internacional el período más siniestro y trágico de la historia argentina, tal vez sólo equiparable a la crueldad de las dictaduras coetáneas del Cono Sur, y seguramente equiparable a las consecuencias de la implantación de la dictadura nazi, primero en la propia Alemania y más tarde en la Europa ocupada por sus ejércitos.

Sin embargo, la posición oficial en la actual situación democrática sobre el terrorismo de estado practicado en el período 1976-1983, oscila entre la asunción casi acrítica o justificante de los sucedido con un lenguaje similar al utilizado por las juntas militares, como estas declaraciones a la prensa del ex vice-ministro de Defensa de Menem, Vicente Massot, al día siguiente de las confesiones de Scilingo en un programa de televisión en Buenos Aires:

Desde fines de la década del 60, la Argentina se enfrentó a una guerra de carácter irregular que no declaró la República Argentina, que no declararon sus fuerzas Armadas sino las fuerzas subversivas básicamente de Montoneros y ERP, una guerra sucia solapada con mucha saña en donde básicamente se enfrentaron dos contingentes armados, uno, insisto irregular, la guerrilla, y otro las Fuerzas Armadas de la nación. En esa guerra se cometieron por parte de estas últimas más de un exceso como todas las fuerzas armadas del mundo que debieron enfrentar situaciones semejantes cometieron [...] dentro de ese contexto en donde las fuerzas armadas debieron defenderse y defender a la nación argentina se enmarca la participación que le cupo a la Escuela de Mecánica de la Armada en donde según el capitán Scilingo acontecieron los hechos que todos conocemos. Hasta aquí todas las acusaciones que se hicieron sobre la Escuela de Mecánica fueron producto de las denuncias hechas por subversivos que salieron de la misma no torturados, no muertos, sino vivitos y coleando, dicho sea de paso [...] De la misma manera, no podemos comparar las Fuerzas Armadas con un vulgar conjunto de irregulares muy bien pertrechados, muy bien armados con un aparato sofisticadísimo de superficie, donde no solamente había combatientes sino también profesores universitarios, políticos, periodistas que enderezaron sus armas y su ideología en contra de la nación. Por supuesto que se cometieron excesos pero esos excesos de manera alguna pueden hacer comparable la acción para salvar a la nación de una amenaza como la que llevó a cabo el marxismo y los propios movimientos guerrilleros” '1

y la condena, circunscrita a unos pocos culpables, de los métodos empleados, sin cuestionar la destrucción de la democracia de la que fue responsable el conjunto de la institución militar, como expresa el reclamo de Antonio Berhongaray, diputado de

* Publicado en Boletín Americanista, Barcelona, Universitat de Barcelona, juny 1996, pp. 19-54.

1) Página/12, Buenos Aires, 10 de marzo de 1995.

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la Unión Cívica Radical y miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara baja a los actuales jefes del ejército:

“... para que a través de inequívocos pronunciamientos expresen su desaprobación con relación a los hechos denunciados y, en general, a la metodología empleada con motivo de la lucha antiterrorista [lo que permitiría] desvincular a instituciones importantes para el porvenir de nuestra Patria de los errores de quienes no fueron dignas de conducirlas” 2

En ambos representantes políticos se observa el interés por salvaguardar la figura de las fuerzas armadas desvinculándola de la instauración de un sistema totalitario del que participaron sin fisuras ocupando hasta los niveles inferiores de la administración estatal, cuyo objetivo era la consolidación de un proyecto social antagónico con los intereses de las clases subalternas, en lo que constituía una verdadera restauración oligárquica.3

Estas declaraciones de representantes políticos del sistema democrático revelan con que profundidad ha calado en las estructuras políticas y en el tejido social la inmanencia de un orden militar como elemento inseparable del funcionamiento del estado y la sociedad argentinas, que implica la supresión de la obligada subordinación de las fuerzas armadas a los mecanismos constitucionales y a la voluntad popular como garantía de un estado democrático y de derecho. La profundidad del compromiso ideológico en ultima instancia se refleja en el empleo común de términos por representantes del gobierno y la oposición, que delatan la incuestionabilidad de los fines últimos de la dictadura: “guerra sucia” en lugar de

“represión”, “errores en los métodos empleados”en lugar de "legalidad e ilegitimidad", "excesos" en lugar de "tortura y asesinato", "proceso de reconstrucción nacional" en lugar de "dictadura militar". De este modo la violencia aplicada por los militares es presentada como una reacción excesiva, e incluso perversa, pero siempre como respuesta a una violencia anterior, ejercida por fuerzas políticas antisociales que habrían violado con su actuación la normalidad democrática, las víctimas exculpan a los verdugos. Y lo que es más grave, se la presenta como el resultado de una agresión “exterior”. Se produce una inversión semántica, ya evocada por Julio Cortázar en una memorable conferencia dictada en Madrid en 1981, más apropiada para un universo orwelliano que a una democracia efectivamente recuperada.4 Esa aceptación del ejército como supremo garante de la continuidad del estado, como un supra partido, no es sólo fruto del terror largamente internalizado y obviamente existente a una nueva interrupción de la democracia y la renovación del período sangriento. Es producto de una experiencia política de larga data, en la que han participado en mayor o menor grado los diferentes grupos políticos y especialmente los que ostentan la mayor representación popular, peronistas y radicales, quienes se han resignado a 2) Página/12, Buenos Aires, 9 de marzo de 1995.

3) En este sentido uno de los pocos organismos oficiales de la democracia reciente que utiliza el término terrorismo de estado, para denominar al sistema totalitario que implantó la junta militar golpista es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, ver Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, EUDEBA, 1984, pp. 479-482.

4)Julio Cortázar, “Las palabras violadas”, en Argentina: años de alambradas culturales, Barcelona, Muchnik Editores, 1984, pp. 63-70.

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considerarlo como garante de un orden social inalterable, el que, a su vez, es sinónimo de integridad nacional. La persistencia a lo largo de un siglo de un modelo social y económico inalterable, o por lo menos la influencia extraordinaria que en los diversos ámbitos políticos y culturales detenta el reducido grupo social que es su principal beneficiario, ha terminado por consolidar la idea de que la economía abierta basada en las ventajas comparativas -que para Argentina residen en su capacidad competitiva en el ámbito agropecuario- y muy ligada a las economías más dinámicas del capitalismo occidental son el único proyecto posible, que hay que garantizar mediante cualquier recurso y al que hay que subordinar los intereses y necesidades de los grupos sociales subalternos del país. En la actualidad, esta opinión está además refrendada por la abrumadora presencia del neoliberalismo que propone no sólo economías más abiertas a los flujos del capital internacional sino también un desarme progresivo o controlado del papel del estado como redistribuidor del ingreso y limitador de las perspectivas de acumulación de los grupos económicos más poderosos, en lo que se ha llamado la discusión sobre la viabilidad del Estado de Bienestar. Por lo tanto podemos hallar observadores externos que coinciden con las visiones sostenidas actualmente en el país, quienes consideran que el fracaso de la Argentina en conseguir un desarrollo sostenido consiste en haberse desviado del curso de la especialización económica fuertemente integrada al mercado internacional y en haber intentado a partir de las décadas de 1930 y 1940 políticas que sustituían la regulación y asignación de recursos del desarrollo a través del mercado por un “estatismo” que sólo tendía al aislamiento nacional y al atraso y crisis sostenida.5 La circunscripción del tratamiento de la actuación militar al de la represión en sí misma, sin alcanzar a cuestionar los objetivos y el programa desarrollado por la dictadura militar para los cuales el genocidio fue la principal herramienta de su realización, sugiere una sospechosa complicidad con la que los sucesores democráticos de las situaciones dictatoriales se consideran tácitamente herederos y depositarios de los objetivos de reformulación económica y social que constituyeron la base de la interrupción de la continuidad democrática.6 Precisamente, numerosos analistas coinciden en señalar que el proyecto que alentaba el golpe militar de 1976 pretendía retornar a esa economía abierta basada en el principio de las ventajas comparativas, tan preconizada actualmente, en una nueva coyuntura internacional en la que se 5) Gabriel Tortella, “Las claves del atraso económico. El caso de Argentina”, Claves de razón práctica, Madrid, n3, junio de 1990, pp. 30-33. Sin embargo este autor no repara en que la vulnerabilidad del desarrollo económico argentino se debió a su extraordinaria dependencia del mercado internacional y sus coyunturas y que las políticas de desarrollo “hacia adentro”, que nunca llegaron a ser de desarrollo “desde dentro” parafraseando a Raúl Prebisch, fueron impulsadas como reacción de adaptación y en defensa de sus beneficios por la misma elite social que había impulsado la política exclusivamente agroexportadora del medio siglo anterior a 1930. Sus opiniones fueron ya adelantadas en la década de los sesenta por una obra de historia económica abundantemente citada, ver Carlos Díaz Alejandro, Ensayos sobre la historia económica argentina, Buenos Aires, Amorrortu Editores, , especialmente pp. 140-142. Para una visión opuesta a las comentadas, cfr. con Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero quienes sostienen que a partir de los años treinta los grupos agrarios dominantes invirtieron directamente en actividades industriales o participaron en ellas a través de grupos financieros que controlaban, o por lo menos consideraron que era necesario un impulso estatal a dichas actividades mientras quedaran supeditadas a las prioridades de sus intereses, Estudios sobre los orígenes del peronismo, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 41984, pp. 22-25.

6) En un artículo reciente el analista Hermann Tertsch relacionaba el triunfo electoral de Carlos Menem, contra las predicciones de las encuestas, con los efectos que sobre la memoria de los argentinos jugaban las brutalidades militares y el éxito del programa neoliberal, aplicado por el ministro Cavallo, que también fue un alto funcionario de la dictadura militar, “Menem y la memoria”, El País, 23 de mayo de 1995.

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volvía, bajo la hegemonía del capitalismo transnacional, a una nueva especialización y división internacional del trabajo, en la cual el eje retornaría al sector agropecuario, generando una redistribución del ingreso y una pauta de acumulación favorable a la burguesía terrateniente y el capital más concentrado en los sectores industrial y financiero. En ese sentido los ejes básicos del programa de la dictadura militar eran: la equiparación de los precios internos con los internacionales -con lo cual esperaban obtener una selección “natural” en la que sobrevivirían aquellas empresas competitivas en términos internacionales y desaparecerían las que dependían de subsidios y ayudas derivadas del control de cambios y otros mecanismos estatales de protección; la depresión salarial permanente -no necesariamente su congelación- con el fin de crear un gradiente de acumulación efectivo a favor de las empresas que por el proceso de concentración previo retendrían el control del mercado, y por último la desaparición de la intervención estatal tanto como actor empresario así como regulador de las relaciones económicas y la asignación de recursos, quienes pasarían a depender estrictamente de los mecanismos de mercado (la “lógica” del mercado), de los cuales quedarían obviamente excluidos los salarios.7

Por lo tanto, y prescindiendo de una disección profunda del grupo de poder que se constituyó en base a la dictadura militar, que permita establecer con claridad cual de los grupos de la burguesía argentina se benefició más con el golpe militar de 1976 y la política económica y social de la dictadura, es evidente que el objetivo general de la misma era acabar con el poder de negociación de los asalariados, representado por las poderosas organizaciones sindicales, reducir su participación en la renta nacional -hasta extremos sin precedentes en los últimos treinta años-para reiniciar con amplias garantías para los empresarios la recuperación de los beneficios en el marco de una crisis internacional que obligaba a una 7)” Los objetivos inmediatos han sido la redistribución de excedentes a favor de la burguesía terrateniente y la elevación de la tasa de ganancia de la burguesía industrial concentrada. Esto puede lograrse solamente con la drástica reducción del salario real y asegurando que su depresión (no necesariamente su baja) sea permanente. La historia inmediatamente anterior demostró que este objetivo sólo puede ser alcanzado en el marco de un Estado fuertemente represivo y la militarización de la sociedad [...] El modelo contempla entonces como uno de sus aspectos esenciales la promoción de las actividades de exportación. Por una parte se propone ampliar el volumen de las exportaciones agropecuarias incrementando la producción de los renglones tradicionales, incentivando esfuerzos en el desarrollo en gran escala de cultivos con buen nivel de demanda actual, como sorgo y algunas oleaginosas, y en todo caso buscando nuevos mercados. En este punto es destacada la agresiva política de os frigoríficos, fracción industrial estrechamente asociada a los grandes productores ganaderos. Por otra parte, bajo la hegemonía del gran capital agrario se prevé el desarrol o de agroindustrias en gran escala, en un intento por emular a la Argentina granero del mundo esta vez como cocina del mundo, según la definición de un empresario del ramo, o en palabras de Martínez de Hoz

[omnipotente ministro de economía de la dictadura y miembro de una de las familias más conspicuas de la elite agropecuaria] , enfatizando el desarrollo de industrias en aquel as áreas donde la Argentina posee evidentes ventajas comparativas a escala internacional “ escribía Fernando Porta en 1978, quien calculaba que el salario real había descendido a lo largo de 1976-77 entre un 50 y un 65 por ciento respecto a 1975, ver

“Crisis económica y de dominación política en la Argentina contemporánea”, en VV.AA., América Latina en crisis, Caracas, ILDIS-Universidad Central de Venezuela, 1980, pp. 159 y 178-179; cfr. Aldo Ferrer, “La economía argentina bajo una estrategia  preindustrial , 1976-1980", en A. Rouquié (comp.), Argentina, hoy, México D.F., Siglo XXI Editores, 1982, pp. 105-128, quien incluso pone un mayor énfasis en el “viaje en el tiempo” que significaba el programa desarrollado por la dictadura militar al restablecer casi todas las pautas del período dorado de la agroexportación anterior a 1930, quien al referirse al plan desarrollado por el Dr.

Schacht de la dictadura, José Martínez de Hoz, escribe que “... si este plan económico sigue adelante sobra más de la mitad de la población del país y la mayor parte del territorio nacional; en un esquema preindustrial, no cabe un país de casi 30 mil ones de habitantes y cerca de tres mil ones de kilómetros cuadrados” . Ver también Guillermo Hillcoat, Notas sobre al evolución reciente del capitalismo argentino, Paris, CIAL-Université de Paris VIII, 1982.

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reestructuración del funcionamiento capitalista que modificaba las pautas de acumulación a nivel local y regional (por ello coincide en poco tiempo con procesos similares en Chile y Uruguay). Para ello era necesario el establecimiento de una férrea disciplina laboral y social así como el desarme de los recursos de resistencia con que habían contado los trabajadores durante décadas. Por otra parte el desmantelamiento de los todavía vigorosos restos de un sistema de protección social estatal, golpeado sucesivas veces desde 1955 pero nunca destruido del todo, era una condición básica descargar esos costes sociales sobre las clases subalternas, y permitir una brutal transferencia de ingresos desde el sector asalariado a los propietarios de bienes de capital.

El neoliberalismo del que hicieron gala las juntas militares, y que bajo cobertura democrática continúa el actual gobierno de Carlos Menem, no es el nuevo enfoque que surge como consecuencia del fracaso del crecimiento hacia dentro basado en la industrialización sustitutiva y en un “excesivo” protagonismo estatal en la modificación de las pautas habituales de inserción en la economía mundial de un país dependiente como Argentina, sino que confluye con la ideología tradicional de los grupos dominantes cuyos intereses se vieron afectados por la política más o menos keynesiana desarrollada durante el primer peronismo y que, bien arraigada por lo menos en cuanto a la práctica e intereses de las organizaciones políticas y sociales de los asalariados, necesitó casi treinta años de ensayos militares y civiles para extinguirse. En el momento en que el desarrollo basado en una intervención estatal redistributiva a favor de los sectores sociales más débiles encontró sus límites en las contradicciones internas y en las limitaciones que imponía el mercado mundial, especialmente a partir de la crisis petrolífera de 1973 que inició una reestructuración de las pautas de acumulación a nivel mundial, se aceleró el proceso de recambio político que permitiera dar un vuelco definitivo a favor de las clases propietarias más tradicionales. La forma en que se produjo ese vuelco dependía de la imposibilidad de imponer un giro copernicano al funcionamiento económico y social sin producir grandes resistencias de los sectores asalariados que habían obtenido desde 1946 un protagonismo social y político considerable, y en todo caso superior al obtenido en cualquier otra etapa anterior de la historia argentina. Pero si las capas populares habían aprendido a lo largo de una experiencia de 20 años el valor del papel estatal en defensa de sus intereses frente a los de empresas y grupos propietarios, gracias al persistente recuerdo del período 1946-55 y a la corta pero intensa experiencia democrática iniciada en 1973 donde se había intentado retomar el proceso de crecimiento “desde dentro”, no se había modificado la actitud del ejército en cuanto a detectar cuales eran los obstáculos que se interponían a una restauración conservadora, tal como había sucedido en 1930, 1955, 1962 y 1966. Nuevamente asoma el papel “sustitutivo” o complementario de la acción del ejército en relación a un sector de la sociedad civil que es históricamente incapaz, debido a la ausencia de consenso sobre su proyecto, a imponerse a través de un proceso de cambio democrático. Como significativo ejemplo de cuales eran los objetivos de la dictadura militar, el punto 2 del decreto secreto 504/77 (Continuación de la Ofensiva contra la Subversión) establece lo siguiente

El Ejército accionará selectivamente sobre los establecimientos industriales y empresas del Estado, en coordinación con los organismos estatales relacionados con el ámbito, para promover y neutralizar la situaciones conflictivas de origen 5

laboral, provocadas o que pueden ser explotadas por la subversión, a fin de impedir la agitación y acción insurreccional de masas y contribuir al eficiente funcionamiento del aparato productivo del país”

y el entonces ministro de Trabajo, general Horacio Liendo, afirmaba que

“...respecto de la subversión en el ámbito fabril, sabemos que ella intenta desarrol ar una intensa y activa campaña de terrorismo e intimidación a nivel del sector laboral. Es necesario conocer el modo de actuar de la subversión fabril, para combatirla y destruirla. Ello se manifiesta por alguno de los procedimientos siguientes: el adoctrinamiento individual y de grupo para la conquista de las clases obreras, colocándose a la cabeza de falsas reivindicaciones de ese sector. La creación de conflictos artificiales para lograr el enfrentamiento con los dirigentes empresarios y el desprestigio de los auténticos dirigentes obreros. Frente a ello el gobierno y las fuerzas armadas de la nación han comprometido sus medios y su máximo esfuerzo para garantizar la libertad de trabajo, la seguridad familiar e individual de los empresarios y trabajadores y el aniquilamiento de ese enemigo de todos. Pero cabe la reflexión de aquellos que se apartan del normal desarrollo del

“Proceso” buscando el beneficio individual o de sector, se convierten en cómplices de ese subversión que debemos destruir, lo mismo que a quienes no se atrevan a asumir las responsabilidades que esta situación impone” .8

Mientras el general Suárez Mason afirmaba el carácter global y permanente de la represión como institución del nuevo orden que se pretendía fundar al afirmar que sería

“... absurdo suponer que hemos ganado una guerra contra la subversión porque hemos disminuido su peligro armado” .9

Tal vez la única novedad apreciable sea esa intención manifiesta de los burócratas de la dictadura de someter al tejido social a una rígida estructura jerárquica en la que nadie tiene derecho a rechazar el rol -dominante o dominado-que se le ha atribuido, ya que se arriesga a la expulsión de la comunidad militarmente organizada, mediante el expediente de convertirse en “subversivo”, lo que equivale a “alienado” y por lo tanto deslegitimado para sobrevivir; en lo que constituye el mejor ejemplo de la impronta fascista que alimentó la ideología militar entre 1976 y 1983.

Obreros

30,2 %

Estudiantes

21,0 %

Empleados

17,9 %

Profesionales

10,7 %

8) Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, EUDEBA, 1984, p. 375.

9) Diario del Juicio, Buenos Aires, I, n4, 18/06/1985.

6

Docentes

5,7 %

Autónomos y varios

5,0 %

Amas de casa

3,8 %

Reclutas y personal subalterno de las

2,5 %

FF. De Seguridad

Periodistas

1,6 %

Actores, artistas, etc.

1,3 %

Religiosos

0,3 %

Fuentes: Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, EUDEBA, 31984, p. 480.

Y también, como puede observarse en esta tabla casi el cincuenta por ciento de los desaparecidos o detenidos en campos de tortura y concentración eran asalariados, y los obreros representaban el grupo más numeroso.

Por lo tanto, el golpe de estado de 1976 no fue el resultado de una crisis de hegemonía en la cual estuvieran directamente amenazados los intereses generales de las clases propietarias o una crisis general de las instituciones políticas frente a una situación de violencia en la que se imponía inercialmente un poder arbitral externo al funcionamiento democrático. Por el contrario, se trató de una acción ofensiva, de un reajuste en las condiciones del funcionamiento del sistema económico y social para acomodarlo a la nueva situación de las relaciones económicas internacionales, que perseguía como fin la eliminación definitiva de los mecanismos estatales y de la sociedad civil que adquiridos en las tres décadas previas garantizaban que parte del ingreso nacional revirtiera a favor de las clases subalternas, y que con su vigencia bloqueaban una nueva etapa de acumulación y beneficios a los sectores que mejor conexión tenían con los ámbitos financieros y comerciales internacionales.10 Y que esa actuación, debido a las graves consecuencias que acarrearía para la mayoría de la población, un control y disciplina social férreas, sólo se podía garantizar mediante una dictadura que no sólo anulara a los mecanismos políticos participativos y las organizaciones de defensa de los asalariados, sino también instaurara de forma permanente una estructuración jerarquizada e inmovilista de la sociedad basada en la exclusión no sólo política y social, sino física de aquellos que no compartieran el nuevo régimen establecido. El ejército como único grupo de intervención política cohesionado, no sólo por el monopolio de la fuerza, sino por su tradicional identificación con los 10) Algunos autores situaron entre los grupos directamente beneficiados por la dictadura militar a la burguesía terrateniente, que perseguía el usufructo de la renta agraria sin el riesgo de los recortes sufridos en el pasado por la política estatal de subvención de la acumulación y desarrollo del capital industrial; y por otro el capital transnacional que a partir de 1955 y más aceleradamente, a partir de 1966, se había instalado firmemente en la gran industria y el sistema financiero argentinos, Fernando Porta, “Crisis económica y de dominación política en la Argentina contemporánea”, en vv.aa., América Latina en crisis, op. cit., p. 177.

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intereses nucleares de las clases dominantes, era el vehículo por excelencia para alcanzar tal situación.

Como consecuencia de lo anterior, en la actual situación democrática argentina, una vez desactivados los mecanismos que podían impedir el “libre juego de las fuerzas de mercado”, la identificación ambigua y poco condenatoria de la fase dictatorial de la actual dirigencia política nacional y los efectos sociales de las políticas aplicadas durante la administración radical y la actual presidencia manifiestan un continuismo en muchos aspectos con la época de la dictadura militar.11

Como las fuerzas armadas se transformaron en el punto de apoyo indiscutible de los distintos sectores empresariales, en el seno de la cúpula militar se produjeron fricciones que condujeron a la alternancia de diferentes subproyectos, siempre bajo el común denominador de la sumisión total del sector asalariado: 1976-80, fase neoliberal con predominio del sector financiero y agrario; 1981, una corta etapa en la que se pretendió reequilibrar las transferencias de ingresos entre los sectores anteriores y la porción más concentrada del capital industrial; y 1982-83, en la que se volvió a la orientación de 1976. Como broche final, si en el siglo pasado una guerra como la del Paraguay y la campaña de Roca, habían servido para cohesionar al ejército junto a las clases dominantes, una nueva guerra iba a permitir a la dictadura suprimir las fricciones y los choques de intereses entre los diversos integrantes del bloque de poder que la sostenía y contrarrestar las protestas populares que los sindicatos comenzaban peligrosamente a canalizar. El objetivo -con aires mussolinianos- era la reconquista de las islas Malvinas, la última aventura de un proyecto criminal: el ciclo secular se cerraba. La recurrencia en las metas y los métodos parece ser el carácter distintivo de la política argentina en los últimos cien años. Es que en términos generales, y sin pecar de ligereza, la historia argentina puede sintetizarse, desde la consolidación definitiva de la nación estado surgida de la independencia en 1880, en dos etapas. La primera es el medio siglo que finaliza en 1930 donde el país adquiere progresivamente una estructura compleja, diversificada y aparentemente abierta a partir de la consolidación de un capitalismo basado en la agroexportación, del cual es el principal beneficiario un sector muy definido de las clases propietarias: el reducido grupo de hacendados y grandes comerciantes exportadores de Buenos Aires y el litoral pampeano, que aprovecharon las posibilidades que les ofrecía el mercado internacional para colocar en condiciones ventajosas la producción agropecuaria. En éste existe una continuidad del sistema político inaugurado con la constitución de 1853, y que aparenta seguir la evolución democratizadora similar a la que se estaba produciendo en algunos países 11) En 1993 el total de las exportaciones había caído un 5 por ciento respecto a 1991, pero la proporción mayor correspondió a las de productos industriales tanto en volumen como en valor, el 70 por ciento de lo exportado continuaban siendo los bienes primarios y manufacturas de origen agropecuario con escaso valor añadido; mientras las importaciones crecían un 400 por ciento entre 1990 y 1992, especialmente en el rubro de los bienes de consumo, lo que demuestra la persistencia del modelo económico especializado en la agroexportación, Jorge Fonseca, “Argentina:  ante un “milagro” o un espejismo?”, cuatroSemanas y Le Monde Diplomatique, Año 1, n 4, mayo de 1993. Pero no sólo el análisis de situación revela la continuidad de objetivos. También existen declaraciones de militares que la corroboran. El general retirado Domingo Bussi, conspicuo representante de la dictadura militar y célebre por la crueldad con que gobernó la provincia de Tucumán a partir de 1976, declaró, poco antes de ser electo gobernador de la misma en julio de 1995, que compartía sin ambages los objetivos estratégicos, económicos y sociales, del gobierno de Carlos Menem, La Vanguardia, Barcelona, 3/07/1995.

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europeos. La segunda, que persiste hasta la actualidad, iniciada con esa divisoria de aguas que significó la crisis internacional de los años treinta -y en la cual Argentina resultó afectada del mismo modo que otros países especializados en la producción primaria-, está presidida por las tensiones y conflictos generados por la continuidad del predominio de esa gran burguesía agroexportadora, que habiendo perdido posiciones en la arena internacional continuó siendo la principal fuente de divisas para financiar la continuidad del sistema económico. La intervención cíclica y recurrente del golpe de estado militar se convierte en el rasgo político más conspicuo de la etapa, donde el ejército actúa recursivamente para corregir o impedir la adopción de decisiones políticas que favorezcan a otros sectores sociales distintos de la elite dominante, haciendo de la democracia el verdadero

“estado de excepción” de la vida política argentina.12

Sin embargo, en este artículo pretendemos exponer, sin más pretensión que el ejercicio del ensayo y la reivindicación de la memoria, que los rasgos principales de esa ideología totalitaria y contrarrevolucionaria, que incluye como elemento fundamental el recurso a la intervención del poder militar y el liderazgo de las estructuras castrenses en la defensa de los intereses de la elite social, confiriendo a la confrontación política el carácter de un ejercicio que implica la posibilidad de la eliminación física del disidente o adversario, pueden detectarse en la etapa previa, en la que el funcionamiento constitucional no tuvo aparente solución de continuidad, donde el terreno fértil en el que abonaron esas ideas fue el propio del desarrollo conflictivo de la sociedad agroexportadora, cuya expresión política más genuina fue una suerte de democracia oligárquica o aristocratizante, caracterizada simultáneamente por una apertura sin limitaciones a los flujos internacionales de capital y población y el férreo control, que sobre los mecanismos de decisión política mantenía una fracción restringida y concentrada de las clases dominantes: la gran burguesía terrateniente, principal protagonista y beneficiaria del gran crecimiento económico experimentado por Argentina en ese período a caballo entre dos siglos, que impedía una plena integración y participación de los frutos de su crecimiento a las clases sociales subalternas. De ese modo en la etapa anterior a 1930 se conformó una ideología autoritaria que militarizó la acción política al elevar al ejército a la consideración de organización por excelencia, para la intervención política interna, así como modelo de organización social que asegurara la disciplina y en el inmovilismo jerárquico para salvaguardar, más allá de cualquier contingencia, un forma específica de inserción en el mercado mundial que coincidía con el proceso fundacional de la nación-estado.

12)Alain Rouquié observa que los golpes militares de 1955, 1962 y 1966 se produjeron en condiciones en que la coyuntura favorecía a los salarios, y tuvieron como efecto la redistribución del ingreso a favor de los empresarios. Sólo se invierte la relación entre coyuntura salarial e intervención militar en el golpe de estado de 1943, tanto en la relación a la situación de partida como a las consecuencias, Poder militar y sociedad política en la Argentina, Buenos Aires, Emecé, 1981, II, pp. 401-404. Y respecto a la persistencia del modelo predominantemente agroexportador es cifra elocuente que todavía en 1972, las exportaciones denominadas tradicionales -productos agropecuarios sin mayor valor agregado- alcanzaran en 1972 el 80,7

por ciento del total exportado, y en 1976 el 74,3 por ciento (correspondiendo a la carne y los cereales casi el 50

por ciento de la cuota), Fernando Porta, “Crisis económica y de dominación política en la Argentina contemporánea”, en VV.AA., América Latina en crisis, op. cit., p. 110.

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1878-1902 “Y en el comienzo... fue el estado. De “La Conquista del Desierto” al conflicto con Chile, o la lucha contra el enemigo externo Esa burguesía, a la que a falta de mejor término fue denominada como oligarquía y que tuvo su mayor activo en la propiedad agraria, procedía, en parte, de otros espacios de la actividad económica, entre ellos los financieros y comerciales, de tal modo que muchos de los grandes propietarios rurales registraban el origen de sus fortunas en la actividad comercial portuaria desarrollada en Buenos Aires desde el comienzo de la etapa independiente o aún antes, bajo la colonia (como es el caso de uno de los más conspicuos miembros del patriciado porteño, la familia Unzué, cuya actividad comercial puede situarse en el siglo XVIII, y su actividad como hacendados ya es plena en la primera mitad del XIX); y que otros habían recorrido el camino inverso, en la medida en que se valorizaba la tenencia de tierras sus inversiones se habían dirigido a la ciudad.

Pero lo importante es que el paso de una a otra actividad no era de ningún modo sustitutiva sino complementaria, produciéndose de este modo una diversificación de intereses y negocios tan amplia como lo permitiera el nivel de desarrollo económico y el principio de las ventajas comparativas que imponía a la Argentina su inserción en el mercado internacional como país productor y exportador de productos agrarios.13 De ahí deriva uno de los rasgos más característicos de este sector social. Actúan como grupo muy dinámico, capaz de diversificar rápidamente sus fuentes de beneficios, que mantienen simultáneamente en la ciudad y el campo, favorecidos tanto por la fertilidad natural de las tierras explotadas que les permite practicar una ganadería o agricultura extensivas, sin necesidad de grandes inversiones de capital -escaso en la primera etapa de acumulación- como por la conexión estrecha con los circuitos comerciales internacionales que les permitía cambiar rápidamente de rubro exportador o importador ante las señales mínimas que lanzaba el mercado.14 Sin embargo, no toda su capacidad de acumulación se 13) Casi todos los autores coinciden al afirmar que esos propietarios rurales que mostraban una gran capacidad de disminuir los riesgos diversificando actividades, tanto por el origen distinto de sus fortunas como por las actividades que emprendían, irían adquiriendo progresivamente conciencia de constituir una elite económica cuyo rasgo distintivo era la concentración de la propiedad agraria, pero que trascendía el ámbito rural para convertir sus intereses en la representación de los intereses nacionales, ver, por ejemplo Hilda Sábato, Capitalismo y ganadería en Buenos Aires. La fiebre del lanar (1850-1890), Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1989, pp. 168-175 y Alain Rouquié, Argentina, hoy, op. cit., pp. 39-40.

14)Alain Rouquié, al intentar definir a la elite dominante dentro de las clases propietarias argentinas se pregunta sobre el término más pertinente para designar a este grupo social al que la jerga política habitual, e incluso el discurso académico -historiográfico y sociológico- ha denominado como oligarquía, ante la imposibilidad aparente de circunscribir su inmenso poder a una base sectorial económica definida y específica agraria, comercial o industrial, opta por considerarla como grupo muy dinámico, capaz de diversificar rápidamente sus fuentes de beneficios, mientras mantengan la característica de ser poco arriesgados en cuanto a inversión básica y aseguren beneficios a corto plazo, y por lo tanto si están ligados a la propiedad terrateniente es más por su potencialidad especulativa en función de la capacidad de la renta potencial como valor refugio, que a su opción en la especialización en la producción agrícola, Argentina, hoy, op. cit., pp. 39-40. A su vez, David Rock la define como un grupo surgido del ámbito de la actividad mercantil colonial, más que de la tenencia de la tierra, que habría invertido en la adquisición de tierras los beneficios obtenidos de aquella actividad después de la independencia y que habría logrado su preeminencia política y social al saber aprovechar las favorables condiciones creadas por la demanda de alimentos en le mercado internacional -y especialmente europeo- a partir de 1870. Pero, y aquí sí podemos establecer una diferencia con otros grupos terratenientes, tal vez por su estrecho ligamen con el comercio exportador, pronto diversificó notablemente sus actividades inversoras participando en actividades financieras y de transformación ligadas a la actividad 10

debió a la perspicacia y dinamismo comercial ni a su sentido de la oportunidad, apoyado en el principio de las ventajas comparativas. A pesar de su declarada fe en el liberalismo económico, que por principio le hacía refractaria a cualquier intervencionismo estatal, esta burguesía agraria fue extremadamente consciente de la importancia del control de los resortes principales del joven estado, consiguiendo hacer coincidir la orientación general de los sucesivos gobiernos, con el territorio de sus operaciones en el campo de la gran producción agropecuaria y la exportación, que de hecho se transformó en sinónimo del crecimiento general de la actividad económica. Pronto fueron conscientes del equilibrio a que les obligaba el sistema de ventajas comparativas. Al depender sus beneficios de los precios externos que no podían controlar, el mantenimiento de un gradiente permanente con los internos fue una preocupación fundamental que sólo podía obtenerse con una reglamentación estatal que evitara la valoración excesiva del papel moneda con el que pagaban sus gastos y deudas en el ámbito interno, frente al oro que recibían por sus ventas en el exterior. Este objetivo se vio cumplido con creces entre 1880 y 1916, cuando el gobierno de la nación y la mayoría parlamentaria fue sistemáticamente ocupada con dirigentes políticos estrechamente ligados a esa elite por vínculos no sólo económicos, sino sociales y familiares. La acción estatal que permitía una distribución de la renta nacional favorable al sector agropecuario, se basó principalmente en varios instrumentos, entre ellos la política monetaria

-dentro de la cual fue la de mayor trascendencia el control de cambios, la política fiscal -que basaba la recaudación fundamentalmente en los impuestos sobre el consumo en lugar del patrimonio, el estímulo a la inmigración exterior, y las garantías a la inversión exterior para el desarrollo de las infraestructuras básicas de transporte y comercio exterior.15 Ello permitía controlar los mecanismos que garantizaban la preeminencia de sus beneficios frente a la fluctuación casi constante de una economía tan dependiente de las señales que enviaba el mercado externo. El papel del control de cambios y la capacidad de distribuir regresivamente el endeudamiento externo e interno fueron piezas claves en el fortalecimiento de su hegemonía, impensables sin la participación decisiva del estado.16 Del mismo modo era imprescindible la intervención estatal en el proceso de importación de mano de obra barata mediante la inmigración, con pasajes subvencionados y la extensa red exterior de agentes promotores, con el efecto agropecuaria, haciendo que este gran burguesía fuera al mismo tiempo un grupo de intereses rurales y urbanos, El radicalismo argentino, 1890-1930, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1977, pp. 14-17. Una opinión similar mantiene Hilda Sábato, al describir el surgimiento de los hacendados dedicados a la ganadería ovina, Capitalismo y ganadería en Buenos Aires, op. cit., pp. 168-175.

15) Por supuesto que los grandes propietarios de tierras gozaron de otras ventajas frente a otros grupos económicos que fueron surgiendo con la diversificación secundaria al propio desarrollo de la economía agroexportadora: desde las preferencias crediticias para el sector exportador desde las instituciones financieras estatales y privadas, al incremento de los precios internos provocado por la oferta rígida de productos alimentarios que eran al mismo tiempo base de la dieta de la mayoría de la población y al mismo tiempo principales objetos de la exportación. Sobre el papel de los sistemas de crédito y el papel del Banco de la Nación, ver Hugo F. Castillo y Joseph Tulchin, “Desarrollo capitalista y estructura social en la Argentina, 1880-1940", Revista Paraguaya de Sociología, Año 22 N 63 (mayo-agosto), pp. 123-163 y Laura Randall, Historia económica de la República Argentina en el siglo XX, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1983.

16) La Ley de Convertibilidad de 1897, por medio de la cual Argentina se integró al sistema del patrón oro, fue una respuesta gubernamental para frenar la apreciación del peso, consecuencia de la balanza comercial favorable a lo largo de esa década, a favor de los intereses agroexportadores, quienes además eran los principales deudores de los créditos concedidos por las instituciones financieras locales, como muy bien ha demostrado J. Panettieri en “La ley de conversión monetaria de 1899 en el curso de la formación de la Argentina moderna”, Desarrollo Económico, v. 21, n 82 (julio-septiembre 1981), pp. 231-256.

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añadido de alimentar el crecimiento de un mercado interno, que a su vez era estímulo tanto de las actividades del comercio internacional como del desarrollo de una incipiente manufactura y servicios. Sin embargo esta no dio lugar al surgimiento de una burguesía industrial que disputara la hegemonía política y social a elite agroexportadora, a diferencia del fenómeno observado con frecuencia en otros países. El desarrollo del sector secundario siempre se deslizó sobre dos ejes: uno, concentrado y relativamente tecnificado, relacionado directamente con la transformación de productos agrícolas, del que son un ejemplo destacado los

“frigoríficos”17, poseídos o coparticipados con capitales británicos y norteamericanos; el otro, una red heterogénea por su escala y concentración, de talleres y establecimientos fabriles que producían para el mercado interno aquellos productos que no era ventajosa su importación, y cuya producción se basaba en métodos semiartesanales y en el trabajo manual intensivo. Los momentos de expansión industrial fueron inducidos por circunstancias externas. El primero por la reducción de importaciones promovida por el gobierno después de la crisis de 1890

con el fin de compensar la balanza de pagos, mediante la depreciación monetaria al continuar la emisión de circulante hasta 1893, a lo que contribuyó la contracción de la afluencia de capitales extranjeros.18 El segundo como consecuencia de la protección “sobrevenida” por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo ninguno de los dos períodos sentaron las bases de un desarrollo industrial sostenido. La superación de la recesión de 1890, entre 1903 y 1904, por un nuevo ciclo expansivo internacional, para el primer caso, y el final de la guerra, para el segundo; marcaron el reinicio del ciclo agroexportador relegando nuevamente a la actividad industrial al rol subordinado.

Pero la intervención estatal no se circunscribió al ámbito económico y financiero para el despliegue de la estrategia agroexportadora. La ampliación hacia el sur del territorio nacional de las tierras pasibles de explotación ganadera se había convertido en un objetivo prioritario de los sucesivos gobiernos desde la primera presidencia constitucional de Bernardino Rivadavia, y antes de la definitiva consolidación de la organización nacional, durante el gobierno confederal de Juan Manuel de Rosas. Sin embargo la propia debilidad del estado argentino, sumido en las convulsiones de los enfrentamientos interprovinciales anteriores a 1853, y que continuaron hasta la presidencia de Nicolás Avellaneda, a lo que se había agregado el ingente esfuerzo de su participación en la guerra contra el Paraguay, no habían podido avanzar sobre ese territorio ocupado por pueblos nómadas más allá de una línea que dejaba fuera de control parte de las provincias de Buenos Aires, la totalidad de la actual provincia de La Pampa, y las mitades sur de las provincias de San Luis y Mendoza, cubierta con el nombre significativo de “la frontera” por una sucesión de fortines que se extendía desde la costa atlántica hasta la cordillera de los Andes, a guisa de limes criollo. El ejército, liberado de las obligaciones de la guerra de la Triple Alianza, y de la “pacificación” interior de las 17)Empresas dedicadas a la industria cárnica.

18)La crisis de 1890 fue, a nivel local, una consecuencia de la absoluta dependencia de la economía argentina de los mercados exteriores, y fue provocada por la caída de los precios de exportación de los principales productos agropecuarios, a lo que se sumó el peso de la deuda exterior acumulada. Lo curioso es la respuesta que propuso Juárez Celman para afrontar el déficit de recursos para hacer frente a las obligaciones exteriores, por su extraordinaria “modernidad”, al proponer la venta de las empresas públicas productivas, ya que consideraba nefasta por esencia la capacidad de gestión estatal, ver José Panettieri, La crisis de 1890, Buenos Aires, CEAL, 1984, p. 13.

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insurrecciones provinciales que desafiaban el poder del gobierno central, estaba en las mejores condiciones para atacar la empresa.19

Es en esta época donde ya aparece por primera vez claramente formulada la tesis del “enemigo interior” para justificar la intervención directa de las fuerzas armadas en el desarrollo político y económico del país, anticipándose en muchos años a la Doctrina de la Seguridad Nacional promovida por los EE.UU. en América Latina durante la Guerra Fría para utilizar los ejércitos nacionales en tareas de represión doméstica de las contestaciones populares que amenazaban real o imaginariamente los intereses de las clases dominantes . Aunque es indudable que esta les dotó de una jerga ideológica “modernizada” y de un “enemigo” complejo e intelectualmente sofisticado (como afirma el ex-ministro menemista), es en la

“Conquista del Desierto” donde se origina la tradición que transforma al oponente político y social en un cuerpo extraño a extirpar de una sociedad originariamente armónica, en un enemigo “convencional” con el que legitimar su exterminio, para favorecer el progreso nacional o defender la integridad del orden social.20

El primer escenario de su prolongado intervencionismo es un inmenso mar de hierba en el que puede divisarse sin dificultad la línea del horizonte, en una de las praderas más fértiles del mundo. Ocupado desde siglos por pueblos cazadores y recolectores, su tronco principal eran los mapuches -también llamados araucanos- que habían mantenido con éxito a raya los intentos españoles de penetración en su territorio, y a los que se consideraba no aptos para ser asimilados ni siquiera como peones o jornaleros de las haciendas ganaderas, máxime bajo la perspectiva de la fácil obtención de fuerza de trabajo que auguraba la abundante inmigración europea que iniciaba en esa época su segundo ciclo cambiando los EE.UU. por América del Sur y Australia.21 Fue un remedo del avance que EE.UU. realizó hacia el oeste norteamericano, pero con dos diferencias substanciales: el tiempo necesario fue mucho menor -la campaña transcurrió entre octubre de 1878 y junio de 1879-, lo cual nos da una idea de la “dificultad” militar que ofrecía el enemigo a abatir-, y las tierras conquistadas no fueron ocupadas por pequeños y medianos propietarios -el típico farmer estadounidense- sino que engrosaron las propiedades de antiguos terratenientes o permitieron la transformación en hacendados de ricos comerciantes de Buenos Aires. La expedición comandada por el general Roca se financió con la venta anticipada de las tierras a ocupar, pasando así 8,5 millones de hectáreas a manos de 381

personas.22 Si bien la operación se tituló pomposamente “Expedición al Desierto” y 19)León Pomer, La guerra del Paraguay Gran negocio! , Buenos Aires, Caldén, 1968.

20)La inmutabilidad del latifundio puede comprobarse al observar que entre 1876 y 1903 1800

propietarios se repartían 40 millones de hectáreas, y todavía en 1969 el 51,7 por ciento de la superficie de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa y Santa Fe -el área de explotación pampeana- era posesión de sólo 13.362 personas físicas o jurídicas, ver Alain Rouquié, Argentina hoy, op. cit., pp.32-33 y François Chevalier, América Latina, de la independencia a nuestros días, Barcelona, Editorial labor, 1979, p.