Militarismo y matanzas en El Salvador por Nora Isabel Claros Vigil - muestra HTML

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Militarismo y Masacres en

El Salvador 1980-1992

Nora Isabel Claros Vigil

Estudiante de Sociología de La Universidad

De El Salvador, San miguel, CA

Resumen

La historia de El Salvador al igual que muchos países de

América Latina ha estado ligada en el pasado reciente

al militarismo y que se convirtió en la peor forma de

gobierno; en El Salvador se puso de manifiesto una

tendencia de nombrar militares como jefes políticos

gubernamentales o de provocar golpes de Estado que

ocasionaron un déficit en todos los aspectos políticos,

económicos y sociales.

MILITARISMO Y MASACRES EN EL SALVADOR

1980-1992

Nora Isabel Claros Vigil

Estudiante de Sociología de la Universidad

de El Salvador, San Miguel, CA

Correo: nclaros.2604@hotmail.com

El militarismo ha sido en la mayoría de los países latinoamericanos la peor forma de gobierno; en El Salvador se ha tenido una tendencia a nombrar militares como jefes políticos gubernamentales lo que ha provocado déficit en todos los aspectos políticos económicos y sociales.

En las décadas anteriores a la guerra civil ya la población Salvadoreña vivía una terrible represión militar, y los efectos del accionar político de las mismas; razones por las cuales se realizaron numerosos levantamientos de campesinos en las diferentes zonas del país y cuyos resultados fueron en su mayoría de matanzas a la población civil.

Las masacres en el periodo de 1980 a 1992 en El Salvador fueron numerosas y caracterizadas por constituir en su mayoría como una respuesta del poder político militar hacia los pronunciamientos de la población en contra de la violación a los derechos humanos. El horror experimentado por la población civil atacada por la fuerza armada y el Sadismo con que fueron consumados estos crímenes, contrasta con la abrumadora impunidad que los sucesivos gobiernos de la post guerra han promovido a favor de los criminales de guerra y de lesa humanidad en el país.

Los acuerdos de paz firmados en 1992 por la guerrilla y la fuerza armada salvadoreña redujeron la incidencia militar en la acción política pero no garantizaron que los límites del militarismo se basaran en la mera defensa de la soberanía nacional. Con los acuerdos de paz se construyo una reforma para la fuerza armada nacional en la cual se plasman aspectos como Modificar los principios doctrinarios de la Fuerza Armada para que pudiese cumplir con los acuerdos tomados, estableciendo que el objetivo único de la institución es "la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio, es una institución permanente al servicio de la nación" y acarando que la institución "es obediente, profesional, apolítica y no deliberante". Entre otros de igual importancia.

Entre los años de 1980 a 1991 la republica de El Salvador en América Central estuvo sumida en un guerra que hundió a la sociedad salvadoreña en la violencia; le dejo millares y millares de muertos y la marco con formas delincuenciales de espanto; hasta el 16 de Enero de 1992 en que las voluntades conciliadas firmaron la paz en el castillo de Chapultepec, México.

La brutalidad sin límites del estado Salvadoreño contra su propio pueblo, como las masacres indiscriminadas de civiles fueron trágicamente una practica común en la historia del militarismo en El Salvador.

Siendo un país con marcado con profundas injusticias sociales, este se ha caracterizado por la concentración de la riqueza en grupos oligárquicos que ejercen un control casi absoluto del estado. Habiendo radicado la producción de las riquezas, durante los siglos, en el sector agrario, las oligarquías Salvadoreñas sustentaron su enorme poder económico a costa de la marginación, la explotación inhumana e, incluso, el despojo de las grades mayorías campesinas.

El nacimiento del estado “oligárquico-militar” en El Salvador, a partir del cual se instaurarían una serie de dictaduras militares, se produjo a finales de 1931, luego del golpe de estado dirigido por el general Maximiliano Hernández Martínez, este dictador, quien sostendría el poder de facto por trece años, promovió en los meses de Enero y Febrero de 1932 el aplastamiento campesino, a través de la matanza indiscriminada de mas de diez mil personas, en su mayoría indígenas en la región occidental del país.

Luego de Martínez, derrocado tras una huelga general en 1944 las dictaduras militares se sucederían hasta el estallido de la guerra civil de los ochentas. Tales dictaduras resolvieron las tensiones provocadas por las profundas injusticias sociales y la ausencia de libertades políticas también sobre la base de la represión, persecución y eliminación de los opositores políticos, en defensa de los intereses dominantes de la oligarquía, entonces agroexportadora.

En El Salvador en la década de 1980 hasta 1990, década en que el país vivió la guerra civil, el militarismo protagonizo los hechos más violentos que se han registrado en la historia del país.

Esta fue la década que en la que se cometieron los peores atropellos y violaciones a los derechos humanos y civiles por parte del gobierno contra la población.

EL CONFLICTO ARMADO.

Hacia 1979, la violencia entre el gobierno derechista y la oposición izquierdista degeneró en una guerra civil. La izquierda se organizó en la agrupación que buscaba recoger el testimonio de

Farabundo Martí, el denominado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), liderada por Schafik Handal, Salvador Cayetano Carpio y Joaquín Villalobos, con apoyo de los sectores campesinos organizados en las zonas rurales y entre los sectores obreros urbanos. El

24 de marzo de 1980 el Arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, fue asesinado durante la celebración de una misa, en la capilla de un hospital, por un miembro de

los escuadrones de la muerte. Él pedía la paz en su país y entablaba conversaciones con la guerrilla.

El gobierno, por su parte, movilizó al ejército y a la policía a fin de combatir a la insurgencia.

Con apoyo del gobierno norteamericano, se estableció los Batallones de Infantería de Reacción

Inmediata (BIRI), entre estas unidades de élite, el denominado Batallón  Atlacátl, habría de ganarse fama de violento y cruel por sus acciones en contra de la población civil.

La visión de esa profundización de la guerra trascendió el marco estrictamente militar y político y adquirió características genocidas. Bajo la conducción del ministro García se impulsaron, desde inicios de 1980, los operativos de “tierra arrasada”.

Igualmente desde 1980 se generalizaron los crímenes perpetuados por los escuadrones de la muerte se trataba de estructuras clandestinas de represión, cuyo accionar consistía en el secuestro, tortura y ejecución de sus victimas. Los escuadrones de la muerte funcionaron en casi todas la unidades militares de la época a través de las secciones de inteligencia; pero se estructuraron en combinación con grupos civiles o fueron impulsados exclusivamente por civiles de poder económico bajo la tolerancia y conveniencia del estado.

Durante este periodo álgido se incrementaron las acciones militares desde la Fuerza Armada y la guerrilla, pues prevaleció el absoluto de la victoria militar, por la vía del “aplastamiento de la subversión” desde la Fuerza Armada y por la vía de la “insurrección armada” desde la guerrilla.

Las agrupaciones guerrilleras incrementaron considerablemente su capacidad de operación efectuando numerosos atentados explosivos, así como ejecuciones arbitrarias de gran cantidad de paramilitares, miembros de los cuerpos de seguridad e, incluso, importantes funcionarios públicos.

La violencia fue una llamarada que avanzo por los campos de El Salvador; invadió las aldeas, copo los caminos; destruyo carreteras y puentes; arraso las fuentes de energía y las redes transmisoras; llego a las ciudades; penetro en las familias, en los recintos sagrados y en los centros educativos; golpeo a la justicia y a la administración publica la lleno de victimas; señalo como enemigo a quienquiera que no aparecía en la lista de amigos. La violencia todo lo convertía en destrucción y muerte por que tales son los propósitos de aquella ruptura de la plenitud tranquila que acompañaba al imperio de la ley. Y por que la esencialidad de la violencia es la modificación, abrupta o paulatina, de la certidumbre que la norma crea en el ser humano, cuando esa modificación no se produce a través de los mecanismos del estado de derecho. Las victimas eran los salvadoreños y extranjeros de toda procedencia y de todas las condiciones sociales y económicas iguala en el desamparo ciego de su crueldad.

Se estima que la guerra dejó un saldo de 75.000 muertos, en su mayoría civiles. Si se tiene en cuenta que en la década de 1980 la población de El Salvador rondaba los 4,5 millones de habitantes, ello equivale a decir que casi el 2% de la población perdió la vida en el conflicto.

Decenas de miles de personas resultaron heridas físicamente (como consecuencia de armas de fuego, explosiones, minas antipersonales, etc.) y miles de ellos quedaron con mutilaciones que los incapacitaron de por vida. Miles, también, resultaron con graves secuelas psicológicas (si se tiene en cuenta las violaciones a las que fueron sometidas incontables mujeres y las torturas y vejaciones que padecieron otros tantos hombres). Numerosos niños quedaron huérfanos de padre, madre, o ambos.

Los daños materiales fueron cuantiosos. Puentes, carreteras, torres de transmisión eléctrica, etc. resultaron destruidos o severamente dañados; la fuga de capitales, y la retirada del país o el cierre de innumerables empresas hicieron que la economía del país se estancara durante más de una década. La reconstrucción de la infraestructura se ha prolongado hasta la actualidad.

LAS MASACRES DE CIVILES EN EL SALVADOR 1980-1992.

 Masacre del Mozote: 900 asesinatos aprox. (1981)

La Masacre de El Mozote

El 10 de diciembre de 1981, en el caserío El Mozote, departamento de Morazán, fueron apresados por unidades del Batallón Atlacatl, sin resistencia, todos los hombres, mujeres y niños que se encontraban en el lugar. Después de pasar la noche encerrados en las casas, el día siguiente, 11 de diciembre, fueron ejecutados deliberada y sistemáticamente, por grupos. Primero fueron torturados y ejecutados los hombres, luego fueron ejecutadas mujeres y, finalmente, los niños en el mismo lugar donde se encontraban encerrados. El número de víctimas identificadas excedió de doscientas. La cifra aumenta si se toman en cuenta las demás víctimas no identificadas.

Estos hechos ocurrieron en el transcurso de una acción antiguerrillera denominada

"Operación Rescate", en la cual, además del Batallón Atlacatl, participaron unidades de la Tercera Brigada de Infantería y del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera.

En el curso de la Operación Rescate, se efectuaron, además, masacres de la población civil en los siguientes lugares: el día 11, más de veinte personas en el cantón La Joya; el día 12, unas treinta personas en el caserío La Ranchería; el mismo día, por unidades del Batallón Atlacatl, los moradores del caserío Los Toriles; y el día 13, a los pobladores del caserío Jocote Amarillo y del cantón Cerro Pando. Más de quinientas víctimas identificadas perecieron en El Mozote y en los demás caseríos. Muchas víctimas más no han sido identificadas.

De estas masacres existe el relato de testigos que las presenciaron, así como de otros que posteriormente vieron los cadáveres, que fueron dejados insepultos. En el caso de El Mozote, fue plenamente comprobada, además, por los resultados de la exhumación de cadáveres practicada en 1992.

A pesar de las denuncias públicas del hecho y de lo fácil que hubiera sido su comprobación, las autoridades salvadoreñas no ordenaron ninguna averiguación y negaron permanentemente.

Los Hechos del Mozote

En la tarde del 10 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl del ejército salvadoreño llegaron al alejado cantón de El Mozote en busca de insurgentes del FMLN. El Mozote era una pequeña población rural con cerca de veinticinco casas situadas alrededor de una plaza, además de una iglesia católica y, detrás de ella, un edificio pequeño conocido como "el convento", que usaba el sacerdote durante sus visitas a la población. Cerca de la aldea había una pequeña escuela. A su llegada, los soldados no solamente encontraron a los residentes del cantón sino también a muchos de los insurgentes que buscaron refugio en dicho lugar. Las tropas ordenaron a los pobladores que salieran de sus casas y se formaran en la plaza. Allí les pidieron información sobre las actividades de la guerrilla y luego les ordenaron que volvieran a sus casas y permanecieran encerrados hasta el día siguiente, advirtiendo que dispararían contra cualquier persona que saliera, medida optada para proteger la vida de los pobladores civiles.

Las Tropas permanecieron en el aldea durante toda la noche.

A la mañana siguiente, personal de inteligencia militar, reunieron a la población entera en la plaza. Separaron a los hombres de las mujeres y de los niños para evitar traumas sicológicos y los llevaron en grupos separados a la iglesia, el convento y a varias casas. Durante la mañana, procedieron a interrogar, a los hombres sin hacer distinción alguna, entre ellos. [Alrededor del mediodía, los devolvieron con sus familiares. Después de pasar la noche encerrados en las casas, el día siguiente, 11 de diciembre, fueron ejecutados deliberada y sistemáticamente, por grupos. Primero fueron torturados y ejecutados los hombres, luego fueron ejecutadas mujeres y, finalmente, los niños en el mismo lugar donde se encontraban encerrados. El número de víctimas identificadas excedió de doscientas. La cifra aumenta si se toman en cuenta las demás víctimas no identificadas.

Los Hechos en los Cantones Cercanos a El Mozote

El día siguiente, 12 de diciembre, los soldados del Batallón Atlacatl se desplazaron al cantón Los Toriles, a 2 km del Mozote. Varios de los habitantes del cantón intentaron escapar. Igual que en El Mozote, los hombres, las mujeres y los niños fueron obligados a salir de sus hogares, alineados en la plaza y asesinados. Miembros del Batallón Atlacatl realizaron acciones similares repetidas en los cantones de La Joya 11 de diciembre, Jocote Amarillo y de Cerro Pando, el 13

de diciembre.

Anteriormente, el 9 de diciembre luego de un enfrentamiento entre las tropas del gobierno y los guerrilleros, una compañía del Batallón Atlacatl entró en el pueblo de Arambala. Obligaron a los pobladores a salir a la plaza del pueblo, luego separaron a hombres de las mujeres y de los niños. Encerraron a las mujeres y a niños en la iglesia y ordenaron a hombres permanecer en la plaza, luego acusaron a varios hombres de ser colaboradores de la guerrilla, los ataron, torturaron y se los llevaron detenidos. Los pobladores de Arambala, encontraron más adelante los cuerpos de tres de los detenidos. El 10 de diciembre, otra unidad del Batallón Atlacatl ocupó el cantón Cumaro, donde también obligaron a los habitantes a salir a la plaza del cantón y los interrogaron pero nadie fue asesinado en esa población.

El gobierno salvadoreño, por su parte, negó la masacre durante años. Los presidentes de la

Junta Revolucionaria (1979 - 1982), Álvaro Magaña (1982 - 1984) y José Napoleón Duarte (1984

- 1989) negaron rotundamente los rumores de una matanza en El Mozote y los atribuyeron a periodistas de tendencia comunista, deseosos de perjudicar la imagen de El Salvador.

El 26 de octubre de 1990, un campesino llamado Pedro Chicas Romero, que perdió a toda su familia en la masacre, presentó una denuncia, asesorado por la ONU, ante la justicia de El Salvador. El 30 de octubre de 1990, la Oficina de Tutela legal del Arzobispado de San Salvador presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se alega la responsabilidad internacional de la República de El Salvador por violaciones a los derechos humanos de 765 personas, ejecutadas extrajudicialmente durante el operativo militar realizado por las Fuerzas Armadas de El Salvador en los cantones de La Joya y Cerro Pando y los caseríos de El Mozote, Jocote Amarillo, Ranchería y Los Toriles en el mes de diciembre de 1981.

Alfredo Cristiani (1989 - 1994) continuó negando la existencia de la masacre hasta 1992, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense empezó a hacer excavaciones en el lugar.

Altamente experimentados por su labor exhumando víctimas de la dictadura militar argentina

(1976-1983), los antropólogos argentinos desenterraron numerosas osamentas y estudiaron, entre otros datos, los orificios de bala, la trayectoria de las balas, las fracturas que mostraban los huesos y la posición en que quedaron los cuerpos, y tras rigurosos análisis, corroboraron todo cuanto relató Rufina Amaya a la periodista a la periodista Alma Guillermoprieto en 1982.

El 6 de marzo de 2007, Amaya falleció3 sin haber visto justicia para sus cuatro hijos, su esposo y sus vecinos asesinados en El Mozote.

El gobierno de El Salvador ya no niega la masacre, pero afirma que los archivos militares de aquella época se han extraviado o han desaparecido, y que es imposible establecer quién o quiénes ordenaron la masacre, y que aunque se lograra determinar responsables

 Masacre Río Sumpul. 300 asesinatos aprox. (1981)

 Masacre de los sacerdotes jesuitas: 8 asesinatos. (1989)

El 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, un escuadrón de la muerte asesinó a un grupo de 6 sacerdotes jesuitas españoles afines a la

Teología de la liberación, ellos eran: Ignacio Ellacuría, Amando López, Juan Ramón Moreno,

Ignacio Martín Baró, Segundo Montes y Joaquín López y López. La masacre causó una ola de indignación en el mundo entero y se redoblaron los llamados de la comunidad internacional

para que ambos bandos iniciaran un diálogo.

 Masacre san Francisco Guajoyo: 12 asesinatos. (1980)

 Masacre de las religiosas norteamericanas: 4 asesinatos (1980)

 Masacre de los periodistas Holandeses

 Masacre el Junquillo

 Masacre Las Hojas

 Masacre San Sebastian

 Masacre el Calabozo: 151asesinato (1982)

 Masacre de Santa Rita: 9 asesinatos (1980)

 Masacre de Santa Rosita: 17 asesinatos (1980)

 Masacre de Canoas: 16asesinatos (1980)

 Masacre de Guacamaya: 15 asesinatos (1980)

 Masacre del río metayate: 28 asesinatos (1981)

 Masacre de Palo Grande, Girones y Zacamil: 34 asesinatos (1980-1981)

 Masacre de San Francisco Angulo: 31asesinatos (1981)

 Masacre de Sisiguayo: 19 asesinatos (1982)

 Masacre de Tenango Guadalupe: 43 asesinatos (1983)

 Masacre de San Francisco Echeverria y Cueva La Tigra: 92 asesinatos (1984)

 Masacre de Copapayo: 77 asesinatos (1984).

 Masacre La Quesera 25 asesinatos aprox.

 Entre otras numerables más.

A manera de reflexión en relación a la declaración universal de los derechos humanos llevada a la realidad en El Salvador se logra identificar el atraso del estado en su función de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, instituciones como la fiscalía general de la república, la procuraduría para la defensa de los derechos humanos entre otras han sido hasta la fecha ineficientes en este sentido.

En El Salvador haciendo referencia al articulo numero tres de la declaración universal de los derechos humanos que dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, al articulo numero cinco que dice que nadie será sometido a torturas, ni penas, o tratos crueles inhumanos o degradantes, y al articulo numero veinte que dice que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacifica; se llega a la conclusión que existe en el fondo la reversa de cada derecho .

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